Contextualización de la problemática

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Desde hace ya varios años, la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación ha traccionado importantes cambios no sólo en la misma tecnología sino (y esto es más importante) en la misma cultura organizativa referida a la administración eficiente de las instituciones.

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En ese sentido, Argentina ha adherido a la  Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico que, aprobada en el 2007, impulsaba el compromiso político de reducir la brecha digital y convertir la sociedad de la información y el conocimiento en una oportunidad para todos, especialmente mediante la inclusión  de aquellos que corrían peligro de quedar rezagados.

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En ese marco, se entiende que el conocimiento constituye un factor esencial de la productividad y el desarrollo humano, por lo que se requerían esfuerzos para evitar las desigualdades, facilitar la inclusión y fortalecer la cohesión social.

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Asimismo, y en la actualidad, el Poder Ejecutivo Nacional está llevando a cabo una reforma administrativa y legal que tendrá no poco impacto en el ámbito de la conservación de originales en soporte analógico y en la preservación tanto de imágenes digitalizadas de patrimonio documental como de documentos generados electrónicamente; que no son otra cosa que el patrimonio documental de un futuro que ya llegó... hace rato.

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La inmediatez de estas acciones hacen poco prudente esbozar una conclusión al respecto, pero si invitan (con urgencia) a convocar especialistas para el desarrollo de estudios empíricos en el área de gestión de documentos electrónicos y, muy especialmente, en la parte referida a la preservación digital.

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Ahora bien, está claro que en un contexto en donde el formato digital, si bien aún tiene como asignatura pendiente demostrar su perdurabilidad en el tiempo, ofrece ventajas lo suficientemente atrayentes como para que tanto el sector público como el privado depositen en el entorno digital grandes expectativas.

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En lo que ese refiere a documentos electrónicos  es importante, y más allá de las diversas terminologías propuestas y aún sin un consenso internacional claro,  distinguir entre aquellos que son digitalizaciones de soportes analógicos (conversión de soporte) de aquellos que se producen, gestionan y conservan en entorno informático. Las implicancias jurídicas, historiográficas y administrativas de confundirlos pueden ser muy graves.

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Tan grave como puede ser acometer un proceso de digitalización sin el correspondiente enfoque integral a partir del marco dado por el Sistema de Gestión Documental de la institución.

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En ese sentido, cuando consideramos a la digitalización, los escenarios posibles son:

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1) Digitalización orientada a la tramitación digital con papelización al final del proceso.

 

2) Digitalización de documentos para su uso informativo, sin valor probatorio (copias simples).

 

3) Documentos digitalizados con valor probatorio que eventualmente reemplacen al original (copias autenticadas/compulsadas).

 

Esto es así porque, en desmedro de las fotocopias o el microfilm, la digitalización responde a la necesidad de realizar copias de documentos, como decía tanto para la incorporación de imágenes digitales de documentos analógicos en tramitaciones electrónicas, como para lo que es el objetivo general en el que se enmarca este trabajo: una mayor rapidez en la recuperación de la información, el acceso simultáneo de diversos interesados a la misma y la preservación adecuada de los documentos originales que debieran conservarse luego de su conversión de soporte.

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 Finalmente, entonces, esta presentación tiene por finalidad indicar las condiciones archivísticas que deben estar presentes en cualquier Plan de digitalización y cuyos procesos deben desarrollarse con anterioridad al específico de digitalización de patrimonio documental, apuntando a documentación inactiva de valor permanente, ya transferida a servicios de Archivos Históricos, dado que aquella que aún se encuentra en el circuito administrativo requiere algunas medidas especiales que deben considerarse.

 

Tomando decisiones

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Como desarrollaremos más adelante, un plan de digitalización no consiste tan solo en la obtención de imágenes digitales de documentos en otro soporte sino que, como fue presentado en el texto de Caldentey, Schmid y Nazar en este mismo Encuentro, requiere el compromiso y capacidad tecnológica y profesional de la totalidad del organismo para acometer su desarrollo. En el caso de los Archivos Históricos, además de las imágenes digitales, incluye la adecuada preservación de originales que, descontamos, ha sido evaluado como de conservación permanente.

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En el ámbito estatal si, eventualmente, algún organismo optara por la tercerización de una o la totalidad de las actividades incluidas en el plan, debe subrayarse la importancia de no obviar las responsabilidades intransferibles que tienen los organismos del sector público para con la conservación adecuada en tiempo y forma de su patrimonio documental, la seguridad de la información en el ámbito estatal y la protección de los datos personales y sensibles.

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En líneas generales, antes de iniciar la digitalización, debe analizarse el material, de modo que este resulte apropiado para ser digitalizado, evitando que se gasten recursos en trabajos que no son necesarios, o resulten improductivos posteriormente. A la hora de tomar la decisión de digitalizar, mínimamente debe considerarse:

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a) Contenido. ¿la información registrada reviste relevancia suficiente como para la inversión de recursos? Es fundamental analizar si la digitalización de un fondo o una serie documental genera nuevas (o mejora las existentes) posibilidades de difundir y acceder al material.

 

b) Demanda. ¿el nivel de peticiones de la documentación es alto? En términos de conservación, un elevado nivel de uso implica que el material experimenta una mayor manipulación y consecuente degradación.

 

c) Acceso. ¿la digitalización permitiría el acceso a documentación que en el presente se encuentra inaccesible por distintos motivos? Tanto porque los originales se encuentran dispersos en diversas instituciones o en custodia de privados, se encuentran en malas condiciones de conservación y en consecuencia fuera de consulta, su lectura resulta dificultosa, etc…

 

d) Estado físico de la documentación. El deterioro del estado de conservación del soporte documental y su posible destrucción incide en la decisión de digitalizar, pero debe considerarse qué tan alto es el grado de deterioro y cuáles son sus posibilidades de manipulación para evaluar si el proceso de digitalización puede incidir negativamente en la documentación y, por lo tanto, no debe efectuarse. En caso de ser muy malas las condiciones de conservación, debe evaluarse qué posibilidades económicas y profesionales hay de realizar previamente tareas de restauración sobre la documentación.

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En determinados soportes documentales, como es el caso de los documentos audiovisuales, la obsolescencia tecnológica y la imposibilidad de garantizar el acceso en el largo plazo son factores que pueden respaldar la decisión de digitalizar.

 

e) Propiedad intelectual y protección de datos personales y sensibles. Resulta imprescindible analizar la legislación vigente sobre propiedad intelectual con relación a la documentación, y si en algún modo se estaría vulnerando el respeto a los datos personales y sensibles, de acuerdo con la normativa específica.

 

Pues bien, la mayoría, sino todas estas decisiones no pueden tomarse a conciencia sin un trabajo interdisciplinario, pero fundamentalmente archivístico previo; tal y como fue reseñado a partir de estándares internacionales y experiencias modelo, en el Capítulo 1 de un ignorado proyecto de Manual de digitalización para la Administración Pública Nacional en el que trabajo el Archivo General de la Nación en conjunto con más de 30 instituciones del Estado en el marco del Foro de Agenda Digital desarrollado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete hasta el año 2015.

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Reseñaremos, a continuación estas “Consideraciones previas a la implementación de un plan de digitalización”

 

La digitalización en el marco de un Sistema de Gestión Documental

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Dado que el objeto central del presente trabajo versa sobre digitalización de patrimonio documental, partimos de la base de que las tareas de evaluación documental, para establecer la guarda permanente del mismo, ya han sido desarrolladas.

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No obstante, y aunque no ahondemos en el ítem, no está de más recordar que la evaluación abarcar al conjunto de la archivalía del organismo, debiendo establecerse fehacientemente la responsabilidad sobre el sistema, el desarrollo de normas de conservación y el establecimiento de directrices para su cumplimiento y ejecución. Los procesos de evaluación abarcan también cualquier información contenida en bases de datos que constituya un documento electrónico y, asimismo, incluyen también los metadatos asociados a todos los documentos electrónicos. En este sentido, la identificación previa del documento electrónico es indispensable para la correcta aplicación de las normas legales de conservación y eliminación de la documentación.

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Si consideramos a la evaluación de documentos como una función archivística que incluye las etapas de valoración, selección y disposición final de las series documentales, el Sistema de Gestión Documental debe contemplar varios aspectos: por un lado, el proceso de reconocimiento de los valores (primarios y secundarios) de las series documentales, el establecimiento de sus plazos de retención en función de la vigencia administrativa, la guarda precaucional y, eventualmente, guarda permanente; por el otro, las actividades de selección (que en el entorno informático deben estar automatizadas) de documentos que han cumplido con sus plazos de conservación; y, finalmente, la aplicación de la disposición final (ya sea su eliminación o su transferencia a un servicio de Archivo Histórico), posibilitando así la organización de los cronogramas de traslados a distintos depósitos o servidores del organismo productor, o a servicios del Archivo Histórico con la respectiva transferencia en la responsabilidad de custodia.

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Es importante destacar que, en consonancia con las demandas sociales de acceso a la información y transparencia de los actos de gobierno, estas actividades deben quedar adecuadamente registradas y accesibles a los órganos de control y a la ciudadanía en su conjunto.

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Finalmente, el consenso es prácticamente unánime respecto de que el plazo primario ha de basarse exclusivamente en la vigencia administrativa del documento, por un lado y en el plazo de guarda precaucional con base normativa (a efectos de auditoría, actuación de la justicia y demandas ciudadanas) por otro. Con respecto al plazo secundario, si bien la Archivística no ha avanzado tanto en estandarizar su determinación respecto del primario, si hay acuerdo en que debe fijarse mediante criterios de objetividad similares, descartando aproximaciones propias de otras disciplinas como la Historia, la museología, el documentalismo, etc…

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Dejando de ladoel desarrollo de la problemática de la evaluación documental, y entrando de lleno en las funciones archivísticas que desarrollarse con anterioridad a la digitalización y, repitámoslo, en forma integral e interdisciplinaria -lo que requiere una fuerte voluntad institucional y su consecuente planificación por parte de la alta dirección del organismo- nos encontramos con: la clasificación, la descripción, el régimen de acceso y las tareas de conservación en relación con el material a digitalizar.

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Junto con el establecimiento de una autoridad de disposición y de un sistema de seguridad y acceso, el subsistema de clasificación es uno de los instrumentos esenciales de un Sistema de Gestión Documental: es la base para la aplicación de la evaluación documental, la descripción normalizada y el establecimiento de políticas de seguridad y de acceso a la documentación.

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Al igual que la Evaluación el Subsistema de clasificación debe ser único y, por consiguiente, los documentos electrónicos deben seguir el mismo proceso de clasificación que el resto de los documentos producidos en soporte tradicional por el organismo. En el caso de los documentos electrónicos, el subsistema de clasificación constituye una información esencial del contexto en el que han sido producidos y de las relaciones existentes entre documentos, de ahí que la clasificación deba efectuarse en el momento de su captura y registro en el Sistema de Gestión Documental.

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El Subsistema de clasificación, entonces, identifica los fondos documentales y produce los cuadros de clasificación correspondientes, para poder establecer el calendario de conservación y transferencia y definir las tablas de acceso para cada serie documental. Este ámbito constituye la base y el fundamento de todo el sistema, ya que regulará posteriormente la descripción de los fondos, las agrupaciones documentales y las unidades documentales (compuestas y simples). También regulará las acciones archivísticas que actúan sobre estas unidades documentales: transferencias, eliminaciones, consulta y reproducción.

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Respecto de sus productos,la Clasificación genera dos: a) El cuadro de fondos o Estado de fondos, que identifica los fondos y las colecciones del servicio de archivo y, también, puede permitir controlar el ingreso de nuevos conjuntos de documentos y b) El cuadro de clasificación de cada fondo o colección que define las agrupaciones documentales (sección, serie y subserie) y su jerarquía. Por otro lado, y según las características del organismo y la documentación, se podrán adoptar distintos modelos de cuadros de clasificación: orgánico, funcional u orgánico- funcional.

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Respecto de imágenes digitales obtenidas luego del escaneo, además de las cuestiones referidas a la autenticidad y fiabilidad de los documentos, la clasificación es ineludible a los efectos de proveer los ibásicos para la eficiencia en la recuperación de las imágenes y la interoperabilidad.

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Un identificador unívoco para imágenes digitales de documentos de acuerdo con la Norma Internacional General de Descripción Archivística (en adelante ISAD-G, por sus siglas en inglés) está conformado por el código del país (determinado por ISO 3166), el código del Archivo, el del fondo documental y los distintos códigos de referencia: número de control u otro identificador relativo a la serie, el documento (simple o compuesto) y la imagen digital en concreto.

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El desarrollo de este identificador está directamente relacionado con el esquema de clasificación que se adopte y la confección de los ficheros digitales correspondientes.

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En nuestro país, el problema actual es que, con posterioridad al identificador del país y previo a los identificadores derivados de la clasificación (responsabilidad de cada organismo productor), debe establecerse un identificador unívoco del organismo productor o responsable administrativo de los documentos. Estos identificadores unívocos de organismos no están por el momento estipulados. A modo de ejemplo, y si se optara por identificadores basados en siglas que refieran a la denominación del organismo, las siglas AGN pueden ser utilizadas indistintamente por la Auditoría General de la Nación o el Archivo General de la Nación —en el ámbito de la Administración Pública Nacional—, pero también por el Archivo General de la Provincia de Neuquén, la Asociación de Gasistas Nacionales, y otros.

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Evidentemente, esto no puede ser resuelto por cada institución en forma individual, y requiere una pronta atención funcional, técnica y normativa en aras de la implementación de criterios de Administración Electrónica.

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Por otro lado, la descripción normalizada de la documentación es, junto con el subsistema de clasificación, fundamental para la identificación, localización y accesibilidad de los documentos. Se entiende que existe un único sistema de descripción que abarca desde la producción hasta su transferencia y evaluación definitiva al servicio de archivo.

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La función de descripción documental tiene por objetivo describir cualquier tipo de unidad de descripción, ya sea entendida como agrupación documental o bien únicamente como unidad documental, y con independencia de su tipología diplomática o de apoyo, su origen en cuanto a producción y su cronología.

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Asimismo, la descripción en varios niveles implica que debe describirse a distintos niveles de profundidad (en su totalidad o por partes). Las descripciones de las diferentes partes de un fondo deben estar relacionadas jerárquicamente. Para establecer la jerarquía se seguirán las siguientes reglas:

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• Descripción de lo general a lo particular: no se puede describir ningún nivel inferior si previamente no se ha descrito su nivel superior.

• Solo hay que dar información pertinente al nivel de descripción.

• Vínculos entre las descripciones: hay que explicar la posición de la unidad de descripción en la jerarquía del fondo.

• No repetir información en las descripciones relacionadas jerárquicamente.

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Por otro lado, a esta altura es ineludible la adecuada utilización de estándares internacionales de descripción, tales como:

- ISAD-G: para documentos de archivo

- ISDIAH: para describir instituciones que custodian fondos de archivo

- ISAAR-CPF: para registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias

- ISDF: para la descripción de funciones.

 

Evidentemente, la utilización de las normas no puede quedarse tan sólo en su declamación. Es necesario un compromiso de la totalidad de la institución no sólo en su adopción, sino en la capacitación del personal para su efectiva implementación; además, hoy en día, de la integración para su realización, de los sectores de sistemas y tecnologías de la información, el cual a menudo puede tener una visión diferente sobre cómo afrontar este tema.

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Por otro lado, la gestión informatizada de los otros subsistemas también depende de este departamento, pero su nivel de criticidad no es tan elevado porque la elaboración de sus instrumentos esenciales corresponde en buena parte a los archiveros (e incluso pueden llegar a gestionarse en paralelo, aunque no sea lo más recomendable).

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Finalmente, y en materia de documentos digitalizados, debe atenderse la descripción y gestión de los metadatos.

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Los metadatos son información estructurada que describe y permite recuperar, gestionar, controlar, comprender o preservar otra información en el transcurso del tiempo. También permiten identificar, autenticar y contextualizar los documentos electrónicos (o digitalizados) y las personas, los procesos y los sistemas que crean, gestionan y usan estos documentos. Los metadatos se aplican a la creación, la grabación, la clasificación, el acceso, la preservación y disposición de los documentos a lo largo del tiempo. Esto conlleva la existencia de diferentes capas de metadatos, asociadas a los procesos vinculados al ciclo de vida del documento electrónico.

 

La inclusión y gestión de los metadatos es un aspecto esencial para poder fijar el documento electrónico dentro del contexto de la tramitación por el que ha sido creado y para poder establecer un control sobre su gestión. Por este motivo, es indispensable que la creación y la captura de los metadatos también esté implementada en el sistema de creación y gestión de documentos.

También hay que tener presente que la tendencia actual a la distribución de tareas y a la automatización de los flujos de trabajo de las organizaciones —implantada mediante herramientas de flujo de trabajo (workflow)— implica ir más allá de la clasificación y descripción tradicionales.

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Finalmente, y dado que el objetivo final del tratamiento archivístico de los documentos es proporcionar acceso a los mismos, poniéndolos a disposición de quienes los necesiten y están autorizados a acceder a ellos y a utilizarlos, la digitalización de documentos históricos puede ampliar la concreción de este objetivo a límites mucho más amplios que los anteriores métodos reprográficos, tales como la fotocopia o el microfilm, mediante su conexión con, por ejemplo, la tecnología web.

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Para que un archivo (sea este el de oficina, el central o el histórico) pueda cumplir sus principales funciones —salvaguardar los documentos para la historia de la sociedad, para el desarrollo institucional y para el sostén documental de los derechos de los y las ciudadanas— debe poseer determinadas condiciones de accesibilidad. Estas pueden dividirse en las dos categorías sistematizadas por Michel Duchein: las de orden práctico y las de orden legal o jurídico.

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Las condiciones de accesibilidad de orden práctico giran alrededor de la posibilidad de conservación física de los documentos, la existencia de repositorios, servicios y equipamiento en los archivos, la organización y el respeto de los fondos documentales, la asignación de medios económicos y de personal, la elaboración de instrumentos de descripción y auxiliares, la difusión (de archivos, documentos y descriptores), la posibilidad de realizar reprografías para evitar la excesiva manipulación de los originales, la existencia de maquinaria adecuada para la lectura de documentos audiovisuales o informatizados, etc.

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La condición de accesibilidad de orden legal está referida a la normativa que clasifica los documentos permitiendo o negando su consulta (seguridad del Estado, relaciones multilaterales, protección de datos sensibles, derechos industriales, de autor, etc…)

Para dar solución a estas limitaciones (que no pretenden ser un catálogo de excusas para no dar acceso) es necesario un abordaje integral a partir de una política de gestión documental.

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La misma debe incluir los elementos  y en particular la realización de las tareas archivísticas de identificación, clasificación, descripción y valoración de series documentales de manera tal de tener elaboradas (y brindar al acceso público) la identificación de funciones, procedimiento administrativo y (específicamente) tipo de trámite —serie— y tipos documentales que contiene.

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En consecuencia, solo mediante el cuadro de clasificación y el control del organigrama y de las unidades productoras pueden definirse los permisos y las restricciones de acceso a la documentación. En definitiva, los sistemas de conservación y de acceso dependen en gran medida de la existencia del subsistema de clasificación.

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En forma similar a la tabla de plazos de guarda para la evaluación la tabla de acceso regula para cada serie documental de un fondo concreto cuáles son los niveles de acceso y las limitaciones de reproducción.

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Respecto de las actividades que se relacionan con la conservación y, hablando en general, se considerará una buena práctica cuando un organismo público diseña e implementa un plan integral de conservación de los fondos documentales que custodia.

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Una correcta conservación permite el acceso a la información, con el subsiguiente valor añadido que la seguridad que unos depósitos idóneos aportan a dichos documentos.

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Asimismo, el control sobre los procedimientos de conservación documental permite reducir el riesgo de pérdidas indeseables de información, así como de documentos probatorios de derechos institucionales o particulares, además de los usos evidentes para el conocimiento del pasado, en los Archivos Históricos.

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La conservación preventiva es tarea de todos, desde la dirección hasta el conjunto de los empleados de un organismo, no sólo de los técnicos especializados en clasificación, descripción, referencia al público, digitalización o atención de sala… por ejemplo.

Finalmente, y como dijimos anteriormente, debe elaborarse una lista de criterios que deben servir para seleccionar correctamente el material susceptible de ser digitalizado. Estos criterios están destinados a garantizar que la inversión de dinero y recursos en procesos de digitalización sea justificada y evitar por tanto digitalizaciones innecesarias, improductivas o de materiales que no se podrán explotar posteriormente.

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En este punto, la evaluación de las necesidades y costos de las actividades de preservación no puede hacerse sin el desarrollo previo de las tareas de clasificación, descripción, y acceso… descontando la previa aplicación de la Disposición final surgida del proceso de evaluación documental.

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Además de las obvias intervenciones de limpieza, alisado, extracción de materiales que pueden dañar al documento o las máquinas en el proceso de escaneo y demás, sería importante la toma de conciencia respecto del “después”, tanto de los originales que deben ser repuestos a los depósitos (respetando el orden original en el que se encontrara y sin empeorar las condiciones de preservación) como de las copias digitales obtenidas, a los efectos de que el objetivo de ampliar la difusión preservando los originales se cumpla… y se cumpla eficientemente en el largo plazo.

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Para ello, debe entenderse que la preservación digital es una cadena continuada de acciones que suma medidas tecnológicas y organizativas que debe partir de una adecuada política de selección en el marco de un sistema integral de gestión de documentos.

En ese sentido, debe considerarse que las políticas de evaluación (si es que no se implementaron con anterioridad) y su debida implementación, control y evaluación evitan gastos inútiles en migraciones o copias de seguridad. Asimismo, deben considerarse como buenas prácticas la conservación de documentos digitales en  formatos abiertos de preservación y la preeminencia de la preservación de los datos en vez de su forma de presentación.

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La mayor dificultad que se presenta al abordar el Archivo Electrónico es cómo mantener los contenidos accesibles para los usuarios durante largos períodos de tiempo, evitando que los soportes queden obsoletos. La manera de solventar este problema es planificando y poniendo en práctica políticas de preservación de los documentos almacenados en el Archivo Electrónico.

Esta tarea se aborda a través de tres aproximaciones: a) Migración, b) Emulación: es la construcción de aplicaciones basadas en la tecnología del momento para que sean capaces de manejar el formato original y mostrar una representación de sus contenidos. c) Mantenimiento de la infraestructura original: supone conservar los sistemas, tanto hardware como software, existentes en el momento de creación del documento. Es una solución compleja y costosa ya que implica el mantenimiento de múltiples plataformas, siendo la opción por la migración formato la alternativa preferida por la mayoría de las Administraciones Públicas.

 

Conclusiones

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En primer lugar, si alguna vez estuvo bien, hoy debería ser impensable que las actividades específicas de profesionales en relación con los documentos se desarrollen por fuera de una planificación integral de la gestión del patrimonio documental de un servicio de Archivo. Sin desconocer esas especificidades, es la alta dirección de ese servicio, necesariamente ordenada por la perspectiva archivística, la que debe establecer la armonía entre las distintas áreas y actividades del mismo. Especialmente cuando se trata de la elaboración de un plan de digitalización.

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En materia de conservación, es mi opinión que difícilmente pueda emitirse opinión fundada (o siquiera desarrollar trabajos integrados a ese plan) si no sabemos a) ¿qué estamos por intervenir (o peor, ya interviniendo)?, respuesta que proviene de las actividades de identificación y clasificación, b) ¿qué características (físicas, pero no sólo físicas) tiene el material en cuestión, respuesta que nos brinda el registro y la descripción normalizada, c) radicalmente, el material,  ¿debe intervenirse o debe eliminarse? respuesta que hallamos en los alcances de la disposición final elaborada luego de las actividades de evaluación y, finalmente, una vez intervenido y digitalizado) d) ¿qué tanto puede ampliarse la consulta del material, a quiénes estará restringido y por qué razón? Cuestión que debería estar estipulada en la tabla de acceso y, finalmente, aunque quizás tenga menos contacto con las actividades de conservación, e) ¿con qué herramientas de difusión o, incluso, acceso virtual a secas cuenta el servicio de Archivos que justifique el gasto en una digitalización cuyo uno de sus objetivos es sacar de consulta los originales para colaborar en su mejor preservación?

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Saber esto debería llamar a la reflexión a los profesionales del sector para insistir en la necesidad de trabajos enmarcados en un plan integral o incluso, en una solicitud de honestidad profesional fuera de época para evitar aceptar trabajos de conservación sobre documentos que no hayan sido tratados, previamente, en materia de clasificación, descripción, evaluación y acceso.

Pero, además, debe considerarse cómo la intervención de los documentos para su preparación en el marco de un plan de digitalización respecto de su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.

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Finalmente, es necesario que tanto archivistas, conservadores, bibliotecarios, gestores documentales y demás profesiones ligadas la gestión de documentos aceptemos los desafíos que nos impone la gestión electrónica, en especial el reto de la preservación digital en el largo plazo que, si no, quedará como hasta ahora bajo una óptica exclusivamente tecnologicista, necesaria pero que no brinda la totalidad de las respuestas que las instituciones y la sociedad en su conjunto necesitará en el futuro respecto de los documentos que reflejan su accionar en el tiempo.

 

 

 

 

 

 

 

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